Cómo los estados miembros de la UE protegen industrias que producen productos químicos dañinos: el caso del dióxido de titanio (I)
La batalla del lobby del dióxido de titanio ha conseguido que
esta sustancia química se clasifique de una manera muy débil a
pesar de que estar reconocida como "sospechosa de ser
cancerígena". Los estados miembros se han mostrado muy
diligentes en la defensa de sus intereses industriales, a expensas de
la investigación científica y la salud pública, y han logrado
algunas victorias. A continuación exponemos quienes son estas
naciones, varias de las cuales están dirigidas por partidos o
líderes autoritarios. Es especialmente preocupante el conflicto de
intereses del Primer Ministro checo Babiš - su imperio empresarial
de facto incluye la producción de dióxido de titanio - y es materia
de una próxima votación en el pleno del Parlamento Europeo.
Antecedentes
El dióxido de titanio se suele
encontrar en sustancias domésticas de uso muy común como pinturas,
protectores solares y la pasta de dientes [N.
del T.: también
puede estar
presente en algunos alimentos, como pasteles o dulces, identificado
en las etiquetas como E171].
Sin
embargo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
(IARC) de la Organización Mundial de la Salud ha determinado que
esta sustancia química es un "posible carcinógeno para los
humanos". A propuesta del Gobierno francés, en 2017 la Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) se encargó de
presentar una recomendación a la Comisión Europea sobre el tema. En
esta evaluación se propuso clasificar todas las formas de dióxido
de titanio como "presunto carcinógeno" cuando se inhala.
Desde entonces, la Comisión ha presentado varias propuestas al
comité de comitología REACH (el comité para la Regulación Europea
sobre el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de
Sustancias Químicas, compuesto por representantes de todos los
estados miembros) en un intento por encontrar un acuerdo sobre cómo
clasificar esta sustancia química tan ampliamente utilizada pero tan
controvertida. Pero algunos estados miembros, incluyendo aquellos con
importantes industrias químicas, dejaron clara su oposición tanto a
la propuesta de la ECHA como a los posteriores intentos de la
Comisión de llegar a un acuerdo.
Además,
la presión de la industria ha superado con creces las demandas de
las ONG y los sindicatos que abogan por la salud humana y un medio
ambiente seguro. Los enormes recursos de la industria le han
permitido presentar reiteradas y coordinadas demandas a través de
sus grupos de presión.
En octubre de 2019, después de más de dos años de estancamiento en
el comité REACH, la Comisión transformó la propuesta de
clasificación del dióxido de titanio (junto con las propuestas
relativas a otras sustancias químicas) en un acto delegado. Este
nuevo proceso significó que el Consejo de la UE (estados miembros) y
el Parlamento Europeo (MEP) tenían un plazo limitado de dos meses
(que luego se amplió a cuatro) para objetar la propuesta, lo que
esencialmente significaría un rechazo, o dejarla avanzar.
En última instancia, la clasificación del dióxido de titanio
siguió adelante y estará en vigor a partir de octubre de 2021, pero
a continuación veremos cómo varios estados miembros, sus grupos de
presión y los diputados del Parlamento Europeo trataron de utilizar
esta última oportunidad para bloquear el proceso.
República Checa
La República Checa se ha opuesto sistemáticamente a la
clasificación propuesta del dióxido de titanio, tanto en el proceso
coordinado por la Comisión, centrado en el comité REACH, como
posteriormente cuando el proceso pasó al Consejo de la UE. En
noviembre de 2019, la República Checa, junto con Alemania, intentó
presentar una objeción a la clasificación en el Consejo, aunque en
última instancia no consiguió el suficiente apoyo de otros estados
miembros para aprobarla.
Precheza es la única empresa en la República Checa que produce
dióxido de titanio. Según su propia información, el dióxido de
titanio (que la empresa llama pretiox) es el producto más importante
de Precheza y se refiere a su tecnología de producción como "la
plata de los checos". Precheza exporta hasta el 90% de las
62.000 toneladas de pretiox que produce cada año.
Básicamente, Precheza es propiedad de Agrofert, fundada por el
actual Primer Ministro checo Andrej Babiš. De hecho, Precheza es la
filial más rentable de Agrofert, con un beneficio de más de 39
millones de euros al año, y el 90% de sus ventas provienen del
dióxido de titanio. (Agrofert también es propietaria de DEZA, una
empresa química que produce otros productos químicos
controvertidos, entre ellos el DEHP, que se utiliza ampliamente como
plastificante en productos de uso diario, pero que causa problemas de
desarrollo en los niños y de infertilidad).
Babiš el oligarca
El actual Primer Ministro checo Babiš - un
multimillonario y el segundo hombre más rico de la República Checa
- hizo su fortuna a través de Agrofert, un enorme conglomerado
agrícola y químico. En 2011 Babiš creó ANO, la Acción para
Ciudadanos Insatisfechos como un partido populista y - algo irónico
- "anticorrupción". Hoy en día el mayor donante de ANO es
el propio Babiš a través de las muchas empresas con las que
mantiene un vínculo.
En febrero de 2017 (cuando Babiš era Ministro
de Hacienda) la República Checa modificó su ley contra los
conflictos de interés para prohibir a los miembros del gobierno (más
otros funcionarios) tener el 25 por ciento o más de las acciones de
cualquier empresa que acepte subvenciones y contratos del Estado.
Babi" tuvo que encontrar una solución a estas nuevas normas,
apodada "Lex Babiš", e idealmente una que le permitiera
mantener el control de Agrofert pero que también permitiera a la
empresa recibir subvenciones y contratos de las instituciones
estatales. Su solución fue poner el control de sus empresas
(Agrofert y SynBiol) en dos fondos fiduciarios controlados por su
esposa Monika y sus colaboradores cercanos de toda la vida. Sin
embargo, aún quedan preguntas sobre la medida en que Babiš sigue
beneficiándose de Agrofert y las investigaciones de Transparencia
Internacional República Checa indican que Babiš sigue siendo el
principal beneficiario y responsable de Agrofert.
Durante años Babiš ha estado sometido a
investigación por sospecha de fraude sobre los fondos de la UE que
estaban destinados a pequeñas y medianas empresas, pero que al
parecer él canalizó para construir su mansión personal. Pero un
escándalo aún mayor ocurrió el año pasado cuando una auditoría
de la Comisión Europea encontró que Babiš tenía un conflicto de
interés sobre las subvenciones de la UE recibidas por Agrofert, y
que el Gobierno checo debería devolver hasta 17 millones de euros de
subvenciones de la UE recibidas por la empresa en los dos años
anteriores.
Una reciente delegación de eurodiputados
enviada a la República Checa encontró pruebas de los intentos
oficiales de enterrar los conflictos de interés; y dos eurodiputados
checos de la delegación fueron calificados de "traidores"
por Babiš, lo que suscitó serias preocupaciones sobre su seguridad
personal. El trabajo de esta delegación informará en la próxima
sesión del Parlamento Europeo.
Babiš es también el propietario de facto del
30% de los medios de comunicación privados de la República Checa,
incluido el grupo de medios MAFRA, varios periódicos y la popular
Radio Impuls. Se acusa a Babiš de utilizar su control sobre los
medios de comunicación para impulsar mensajes favorables, silenciar
a los críticos y atacar a la oposición. Como ejemplo, el miembro de
la junta directiva del Corporate Europe Observatory, Jakub Patočka y
el portal de medios para el que trabaja, Deník Referendum, han sido
amenazados con acciones legales después de publicar informaciones
sobre los asuntos empresariales de Babiš en un libro de reportajes
de investigación llamado Zlutý baron ('El barón amarillo').
Deník Referendum recientemente publicó un
amplio artículo sobre cómo Babiš construyó su imperio empresarial
y cómo está captando al estado checo (incluyendo un enfoque en el
papel de los subvenciones de la UE). Esto forma parte de la serie
¡Conozca a sus multimillonarios! publicada por la Red Europea de
Observatorios Corporativos.
No es posible decir categóricamente si la
oposición del Gobierno checo a la clasificación del dióxido de
titanio a nivel de la UE está directamente relacionada con la
propiedad del Primer Ministro Babiš del único productor de dióxido
de titanio del país, pero está claro que Babiš tiene un conflicto
de interés en esta cuestión. Después de todo, es su Gobierno ANO
el que decide la posición nacional que se presentará en Bruselas.
En general, hay pruebas de cómo los intereses
privados de Babiš influyen en la toma de decisiones del Gobierno
checo.
El productor de dióxido de titanio Precheza
fue multado por una fuga química que ocurrió en la ciudad de Přerov
en octubre de 2014. Sin embargo, la multa inicial de 7 millones de
coronas (unos 270.000 euros ) impuesta por las agencias de
regulación, se redujo posteriormente a medio millón de coronas en
medio de sugerencias de interferencia política en el proceso de
regulación por parte del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministro
de Medio Ambiente checo fue Richard Brabec, quien también fue
Viceprimer Ministro de Babiš hasta abril de 2019, y anteriormente
gerente de la empresa de productos químicos Lovochemie, parte del
conglomerado Agrofert. Brabec ha negado haber interferido en la
reducción de la multa de Precheza. Sin embargo, Deník Referendum ha
documentado otros ejemplos de cómo las agencias de regulación del
Estado checo han favorecido sospechosamente a las empresas de
Agrofert.
A
pesar de cualquier amparo político del que Precheza pueda disfrutar
gracias a su estatus en el imperio Babiš, ha estado presionando
activamente contra la clasificación propuesta por la UE del dióxido
de titanio.
Se
utiliza en productos tales como caramelos, dulces, helados, chicles,
cremas para el café, salsas para ensaladas, queso, confetis, también
se utiliza para el blanqueo de leche descremada, donde la adicción
de dióxido de titanio hace a la leche más blanca y como
consecuencia mejora su aspecto sensorial y le brinda una textura más
cremosa.
Precheza es uno de los ocho miembros de la
Asociación de Fabricantes de Dióxido de Titanio (TDMA), que ha
liderado los grupos de presión contra la clasificación, y que ha
aparecido con fuerza en artículos anteriores del Observatorio
Corporativo Europeo sobre este tema. La TDMA ha emprendido muchas
actividades en la batalla de los grupos de presión, entre ellas un
programa de investigación de 14 millones de euros, utilizando la
consultora de grupos de presión Fleishman-Hillard, y ha participado
en reuniones de grupos de presión. En marzo de 2019, los miembros de
la TDMA, incluido Precheza, escribieron a la Comisión para tratar de
evitar la clasificación del dióxido de titanio.
Precheza fue uno de los cientos de grupos de
presión de la industria que presentaron una respuesta a la consulta
de la Comisión sobre la clasificación propuesta. Se basaba en
argumentos familiares utilizados en toda la industria para cuestionar
las preocupaciones sobre la salud y para argumentar que la
clasificación perjudicaría a la industria.
Precheza también es miembro de varias
asociaciones comerciales checas que han estado presionando sobre el
dióxido de titanio a nivel de la UE. Por ejemplo, en septiembre de
2019, 300 organizaciones empresariales firmaron una carta, coordinada
por la TDMA, para pedir un retraso en la clasificación mediante la
realización de una evaluación de impacto, una demanda tomada
directamente del libro de estrategias de los grupos de presión para
una "mejor regulación". La carta se dirigió a la
Secretaría General de la Comisión, pasando por encima de los
funcionarios de la DG de Medio Ambiente y la DG de Crecimiento que se
ocupaban del proceso de clasificación, y entre los firmantes se
encontraban las siguientes asociaciones, todas las cuales tienen a
Precheza (y a veces también a Agrofert) como miembro: la Asociación
de la Industria Química de la República Checa (SCHP ČR); la
Asociación de Fabricantes de Pinturas de la República Checa (AVNH);
y el Cluster del Plástico Checo.
SCHP escribió su propia carta a la Comisión
en febrero de 2019 y también se sometió a la consulta de la
Comisión. También ha criticado públicamente el proceso de
clasificación y en septiembre de 2019 declaró que "tiene
previsto negociar con representantes del Ministerio de Medio
Ambiente" para poner de relieve "las deficiencias del
actual proceso de clasificación" y presentar la propuesta
alternativa de la industria para una evaluación del impacto. Sin
embargo, una evaluación de impacto sólo retrasaría el proceso y
aportaría argumentos económicos en favor de la industria en una
decisión que sólo debería versar sobre las consecuencias para la
salud y el medio ambiente de un determinado producto químico.
¿Hasta dónde se extiende la conexión de
Babiš/ Agrofert/ Precheza?
El Parlamento Europeo, al igual que el Consejo,
también tuvo la oportunidad de objetar la clasificación propuesta
por la Comisión sobre el dióxido de titanio. Algunos eurodiputados
aprovecharon esta oportunidad y la eurodiputada Anna Zalewska (ECR,
Polonia) redactó una objeción utilizando todos los argumentos
habituales de la industria.
Hay seis eurodiputados del partido ANO de Babiš
en el Parlamento Europeo y cuando la objeción de Zalewska fue
discutida en el comité de ENVI en diciembre de 2019, el eurodiputado
de ANO Ondřej Knotek habló en nombre de Renew Europe (Grupo
Liberal). Sin embargo, Knotek tuvo que dejar claro que aunque Renew
se oponía a la objeción, él mismo apoyaba la objeción
(pro-industria), argumentando que no había "ninguna razón para
cuestionar si el compuesto es tóxico o no".
De hecho, toda la delegación del ANO decidió
apoyar la objeción a la clasificación en la votación plenaria de
enero de 2020.
Corporate Europe Observatory se dirigió a
Ondřej Knotek y a los otros cinco eurodiputados de la ANO para
entender sus razones para votar de esta manera, y las razones
"habituales" fueron expuestas por la eurodiputada Martina
Dlabajová en la línea de: la Comisión "probablemente abusó"
de sus poderes al clasificar el dióxido de titanio; la Comisión no
siguió los procesos de "Better Regulation" y no realizó
una evaluación de impacto; la clasificación es demasiado amplia;
habrá impactos negativos; hay una forma alternativa de gestionar el
dióxido de titanio. Estos argumentos ya son conocidos por
declaraciones anteriores de la industria.
Cuando Corporate Europe Observatory hizo dos
preguntas de investigación sobre las conexiones de Babiš con
Precheza y si la votación había sido discutida con el Gobierno
checo, Dlabajová nos dijo: "Toda la información relevante
relacionada con la votación sobre la objeción del dióxido de
titanio está incluida en nuestra respuesta anterior. Consideramos
responsablemente todos los aspectos relevantes en todas las
votaciones". (El intercambio completo de correo electrónico
está
disponible aquí). Esta respuesta puede ser interpretada de
varias maneras, con la línea, "Consideramos responsablemente
todos los aspectos relevantes en todas las votaciones" quizás
planteando más preguntas que respuestas.
Dlabajová también nos dijo que habían sido
presionados por el grupo de presión de las empresas químicas CEFIC
(y el grupo ecologista), Arnika, que apoyó la clasificación del
dióxido de titanio. CEFIC, el Consejo Europeo de la Industria
Química, es la organización matriz de la TDMA (de la que Precheza
es miembro) y es posiblemente el que más invierte en los grupos de
presión en Bruselas. CEFIC emplea a la consultora de lobbies
Fleishman-Hillard por un monto de casi un millón de euros anuales
para trabajos que incluyen el trabajo de lobby en nombre de la TDMA.
Fleishman-Hillard se puso en contacto con los
diputados del Parlamento Europeo en nombre de la TDMA en enero de
2020 para solicitar una reunión con el fin de discutir la objeción
a la clasificación del dióxido de titanio. Su correo electrónico
decía "entendemos que el tema puede aparecer de nuevo en el
plenario a finales de mes", aparentemente mostrando que sabía
que los MPE estaban pensando en volver a presentar la objeción
rechazada por el comité de la ENVI. (Un correo electrónico de
Fleishman-Hillard a un diputado (anónimo) está
disponible aquí).
ANO, MEP, Martin Hlaváček
Martin Hlaváček, eurodiputado, fue elegido
por primera vez al Parlamento Europeo en 2019 y, según su
declaración de bienes económicos, anteriormente disfrutó de una
trayectoria profesional en Philip Morris Products Switzerland con un
salario de 20.000 euros al mes (incluyendo el pago de dividendos).
También trabajó para la consultora de negocios checa Triple M, que
se centra en la política agrícola. Los clientes de Triple M en el
ámbito del lobby de la UE figuran actualmente en el registro de
lobby de la UE como la Asociación Agrícola de la República Checa,
la Cámara de Alimentos de la República Checa, la Cámara Agraria de
la República Checa y la Iniciativa de Negocios Agrícolas y
Alimentarios, aunque fuentes checas indican que la empresa está
ahora gestionada. No obstante, es sin duda una agradable coincidencia
que el antiguo empleado de Triple M se encuentre ahora en el comité
de agricultura del Parlamento.
Ya sea en el Consejo, el Parlamento o en el
Comité REACH, los representantes checos y los diputados de la ANO
han estado totalmente de acuerdo con la posición de Precheza,
propiedad del Primer Ministro Babiš. Esto ha resultado en una
vergonzosa situación de conflicto de interés, empeorada aún más
por los intentos de evitar la clasificación de un "presunto
cancerígeno".
------------------------------------------------
